Los fondos Next Generation están destinados a mitigar el impacto económico y social de la pandemia COVID-19 a través de un sistema de préstamos y subvenciones para apoyar reformas e inversiones emprendidas por los países de la Unión Europea.
Paralelamente, a través del reglamento UE241/2021 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, se obliga a los Estados miembros a proteger los intereses financieros de la Unión Europea incluyendo la toma de medidas oportunas para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
A tal efecto, el Ministerio de Hacienda elabora la Orden HPF1030/2021 de 29 de septiembre, que establece la obligación de crear un plan de medidas antifraude, tanto para las empresas públicas como privadas que vayan a solicitar alguna ayuda a cargo de los Fondos Next Generation. Con ello, se pretende garantizar el uso y control adecuado de los fondos.
En el artículo 6.4 de la Orden 1030/2021 se dispone que los citados planes deberán contar con una evaluación de riesgo de fraude, con la cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflictos de intereses (DACI), y la disponibilidad de un procedimiento para abordar conflictos de interés, dejando a las entidades obligadas, a elaborar medidas preventivas y de detección que consideren más adecuadas.
No cabe duda que los planes de medidas antifraude supondrán un reto para las empresas y serán pieza clave para la lucha contra el fraude y la corrupción.
