La obligación de emitir facturas digitales entre empresas y autónomos se pospone tres meses respecto al calendario previsto, con una implantación escalonada que diferencia a las grandes compañías del resto del tejido empresarial.
El Gobierno ha decidido retrasar tres meses la entrada en vigor de la factura electrónica obligatoria para las relaciones entre empresas y profesionales. La nueva fecha, fijada en el 1 de octubre de 2027, afecta en primer lugar a las compañías y autónomos que superen los ocho millones de euros de facturación anual. El resto del tejido empresarial dispondrá de un año adicional, hasta el 1 de octubre de 2028, para adaptarse a la nueva normativa.
Esta obligación se circunscribe a las transacciones entre empresas y profesionales —el denominado modelo B2B—, sin alcanzar las ventas a consumidores finales. La norma desarrolla un precepto incluido en la Ley Crea y Crece, aprobada en 2022, que perseguía agilizar los plazos de pago y reducir la morosidad comercial en España.
Un calendario escalonado con dos sistemas paralelos
El nuevo diseño temporal separa deliberadamente el arranque de dos grandes obligaciones fiscales: la factura electrónica propiamente dicha y el sistema Verifactu. Este último exige que los programas informáticos de facturación generen un registro seguro de cada factura emitida y lo envíen de forma automática a la Agencia Tributaria, con el objetivo de erradicar el denominado software de doble uso y frenar la economía sumergida.
La separación en el tiempo de ambas obligaciones busca evitar que empresas y autónomos deban afrontar dos transiciones tecnológicas de forma simultánea.
Según el calendario confirmado, Verifactu comenzará a ser obligatorio para las sociedades el 1 de enero de 2027, y para los autónomos el 1 de julio de ese mismo año. Tres meses después arrancaría la factura electrónica para los grandes operadores, y un año más tarde para las pymes y los profesionales de menor volumen.
Calendario de implantación
1 ene. 2027: Verifactu obligatorio para sociedadesRegistro automático de facturas en la AEAT
1 jul. 2027: Verifactu obligatorio para autónomosExtensión al conjunto de los profesionales
1 oct. 2027: Factura electrónica para empresas > 8 M€Relaciones B2B entre grandes operadores
1 oct. 2028: Factura electrónica para el restoPymes y autónomos con menor facturación
Hacienda abre el plazo de consulta pública
El Ministerio de Hacienda publicó el pasado 17 de abril el proyecto de Orden Ministerial que regulará la plataforma pública de facturación, el sistema gratuito que permitirá a quienes no dispongan de solución privada emitir facturas digitales sin coste adicional. El texto está abierto a observaciones hasta el 8 de mayo, trámite que dará paso a la aprobación definitiva de la norma.
Las empresas podrán elegir entre acogerse a esta solución pública o contratar una plataforma privada, que en cualquier caso deberá estar interconectada con los registros de la Administración. Actualmente, según datos del Ministerio de Economía, ya se intercambian más de 550 millones de facturas electrónicas al año en España, con un ahorro estimado superior a los 2.700 millones de euros.
Un aplazamiento que responde a múltiples presiones
El retraso no es el primero en esta materia. A finales de 2025, el Gobierno pospuso la entrada en vigor de Verifactu desde julio de 2025 hasta 2027, en un movimiento que los analistas vincularon a un acuerdo político con Junts y a la necesidad de despejar posibles conflictos constitucionales con los sistemas de facturación que Cataluña pretendía implantar de forma autónoma.
Expertos consultados advierten de que los sucesivos aplazamientos generan inseguridad jurídica y obligan a las empresas a reprogramar sus inversiones tecnológicas. No obstante, coinciden en que la implantación definitiva es inevitable y desaconsejan demorar la adaptación interna, especialmente en el caso de aquellas organizaciones que aún utilizan software de facturación básico no compatible con los nuevos requisitos.
