En los últimos meses se ha intensificado el debate sobre la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, una medida negociada entre el Gobierno y las organizaciones sindicales que, aunque todavía no ha sido aprobada definitivamente, está generando inquietud entre empresas y autónomos, donde predominan las pymes y los sectores con jornadas ajustadas.
Muchas empresas se preguntan si deben anticiparse, si esta reducción supondrá un aumento inmediato de costes laborales o si la Inspección de Trabajo comenzará a exigir cambios antes de que la norma entre en vigor. La respuesta es clara: no existe obligación legal a día de hoy, pero sí es recomendable empezar a prepararse para evitar riesgos organizativos y sanciones futuras.
¿En qué punto está la reducción de jornada a 37,5 horas?
Actualmente, la jornada máxima legal en España sigue siendo de 40 horas semanales, conforme al artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores.
La propuesta de reducción a 37,5 horas semanales sin reducción salarial forma parte de los acuerdos políticos con los sindicatos, no está aún aprobada por ley, requerirá una modificación normativa expresa y previsiblemente un periodo transitorio. Por tanto, ninguna empresa en puede ser sancionada hoy por no aplicar la jornada de 37,5 horas, ya que la obligación todavía no existe.
¿A qué empresas afectará más cuando se apruebe?
Si la reducción se aprueba en los términos anunciados, afectará especialmente a:
- Empresas con jornadas reales de 40 horas semanales.
- Sectores con horarios rígidos o turnos largos (hostelería, comercio, industria, servicios).
- Pymes sin un sistema de registro de jornada digital fiable.
- Empresas con márgenes ajustados, muy habituales en el tejido empresarial de Murcia.
- Las empresas con convenios colectivos más favorables o jornadas ya reducidas podrían verse menos afectadas, pero deberán acreditarlo correctamente.
En la práctica diaria de ROMEHU estamos detectando errores que conviene evitar:
1. Adelantarse sin análisis previo
Reducir horas sin revisar contratos, convenios y organización del trabajo puede generar sobrecostes innecesarios y desajustes internos.
2. Pensar que la Inspección ya puede sancionar
La Inspección de Trabajo no puede exigir aún la jornada de 37,5 horas, pero sí está intensificando las actuaciones sobre jornadas reales, horas extraordinarias encubiertas, registros de jornada incoherentes.
3. No valorar el impacto real en productividad
Reducir horas sin reorganizar tareas suele traducirse en más horas extra, conflictos con la plantilla, mayor riesgo sancionador.
¿Qué deberían revisar ya las empresas?
Aunque la norma no esté vigente, existen actuaciones prudentes que las empresas deberían abordar desde ahora:
1. Analizar la jornada real de la plantilla (No la pactada en contrato, sino la efectivamente realizada: horas trabajadas, picos de actividad, descansos).
2. Revisar el sistema de registro de jornada (La experiencia demuestra que los registros manuales o poco fiables son uno de los principales focos de sanción en inspecciones recientes).
3. Simular escenarios de reducción (Conviene estudiar el impacto económico de reducir 2,5 horas semanales, necesidad de reorganizar turnos, posibles refuerzos de plantilla).
4. Revisar convenios y acuerdos internos (Algunos convenios colectivos ya regulan la distribución irregular de jornada o anticipan cambios que conviene tener controlados).
Consecuencias prácticas de no planificarse:
- Cuando la reducción de jornada sea finalmente obligatoria, las empresas que no se hayan preparado pueden enfrentarse a:
- Incrementos de costes laborales no previstos.
- Conflictos laborales y reclamaciones.
- Sanciones por exceso de jornada.
- Problemas de organización y productividad.
En materia laboral, la improvisación suele salir más cara que la prevención.
A MODO DE RESUMEN:
- La jornada de 37,5 horas no es obligatoria todavía, pero es previsible que lo sea.
- No conviene aplicar cambios sin análisis, pero sí prepararse con antelación.
- La clave estará en la organización del trabajo y en el control horario.
- Revisar ahora la situación laboral evitará conflictos futuros.
En ROMEHU Consultores, desde el Departamento Laboral, analizamos de forma preventiva el impacto de los cambios normativos en cada empresa, revisando jornadas, registros de horario y organización del trabajo para evitar sanciones y costes innecesarios.
Si tu empresa quiere anticiparse con seguridad a la posible reducción de jornada, es el momento de revisarlo con criterio profesional.
Pilar Liébana Soto
Abogada Departamento Laboral
ROMEHU Consultores
