En España, la formación continua es un derecho de los trabajadores y una obligación de las empresas para garantizar el acceso a programas de capacitación. Sin embargo, en los últimos años ha proliferado una práctica que genera gran preocupación: la oferta de cursos gratuitos supuestamente obligatorios, que en realidad esconden fraudes vinculados a los créditos de formación bonificada gestionados por FUNDAE.
Este tipo de engaños no solo ponen en riesgo a las compañías en el plano económico y jurídico, sino que también erosionan la confianza en el sistema de bonificaciones diseñado para impulsar la empleabilidad y la competitividad empresarial.
El mecanismo del fraude formativo
1. El discurso de la “obligatoriedad”
El principal gancho de estas entidades es afirmar que la empresa debe realizar determinados cursos para “cumplir la normativa” o “evitar sanciones”, citando de manera confusa la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o normativa inexistente.
2. La presión y la urgencia
Se utilizan técnicas de venta agresiva, generando miedo a inspecciones laborales para forzar la inscripción. En muchos casos, los trabajadores desconocen el uso que se hace de sus datos o firmas.
3. La manipulación de los créditos FUNDAE
Los créditos de formación se convierten en la fuente de ingresos de la entidad fraudulenta. Para justificar la bonificación:
- Se imparten cursos de baja calidad o irrelevantes.
- Se falsean registros de asistencia.
- Incluso se simula una formación inexistente.
4. El verdadero perjuicio
Aunque a los empleados se les presenta como un curso gratuito, la realidad es que la empresa consume su crédito anual de formación, perdiendo la posibilidad de destinarlo a programas alineados con sus necesidades reales.
Marco jurídico aplicable
El fraude en la formación bonificada tiene respaldo normativo y consecuencias legales claras:
Inspección de Trabajo y Seguridad Social: puede sancionar tanto a la entidad formadora como a la empresa participante si no demuestra diligencia.
Ley 30/2015, de 9 de septiembre: establece que la formación bonificada es voluntaria y debe responder a las necesidades de la empresa.
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio: desarrolla los requisitos para la gestión de créditos.
Código Penal (arts. 248 y 308): tipifica como delito la estafa y el fraude en subvenciones.
Inspección de Trabajo y Seguridad Social: puede sancionar tanto a la entidad formadora como a la empresa participante si no demuestra diligencia.
Riesgos y consecuencias para las empresas
Las compañías que caen en este tipo de fraude se enfrentan a múltiples riesgos:
- Pérdida del crédito formativo: imposibilidad de usarlo en programas útiles.
- Devolución de bonificaciones: FUNDAE puede reclamar los importes aplicados indebidamente.
- Responsabilidad penal o administrativa: en casos graves, puede derivar en procesos judiciales.
- Daño reputacional: quedar vinculada a un fraude, incluso como víctima, afecta la imagen empresarial.
Señales de alerta para detectar cursos fraudulentos
Existen indicadores claros que deben levantar sospechas:
- Alegar que la formación es “obligatoria” sin normativa concreta.
- Solicitar firmas en blanco o documentación poco clara.
- Ofrecer cursos sin relación con la actividad empresarial.
- Prometer que “no hay coste alguno” sin explicar la financiación vía créditos FUNDAE.
Buenas prácticas para prevenir el fraude formativo
Para protegerse frente a estas prácticas, las empresas deben:
- Verificar la acreditación de la entidad formadora en FUNDAE.
- Solicitar una propuesta detallada por escrito, con normativa y desglose de bonificación.
- Documentar internamente la decisión y la utilidad del curso.
- Consultar con asesores laborales y jurídicos especializados en formación bonificada.
Conclusión
La formación bonificada es una herramienta clave para mejorar la competitividad empresarial y el desarrollo profesional de los trabajadores. Sin embargo, la proliferación de cursos gratuitos “obligatorios” representa un fraude formativoque desvía fondos públicos, debilita la confianza en el sistema y genera graves riesgos legales para las empresas.
La mejor defensa frente a este tipo de estafas es la información, la transparencia y la asesoría jurídica especializada. Solo así las compañías podrán aprovechar los créditos de formación como una auténtica oportunidad de crecimiento y no como un riesgo encubierto.
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